La Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental (JTF-WHEM) interceptó el viernes, en aguas internacionales del Pacífico Oriental, una embarcación que funcionaba como estación de reabastecimiento flotante para el tráfico de drogas. La orden vino del comandante del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), general Francis L. Donovan, en coordinación con el gobierno de Ecuador.
Infantes de marina y marineros estadounidenses, desplegados desde el buque USS San Antonio (LPD 17), abordaron y registraron la nave sin incidentes. Los tripulantes fueron trasladados de forma segura a Ecuador y, una vez despejada, la embarcación fue hundida por las fuerzas de EEUU.
La inteligencia confirmó que el barco, ya identificado y sancionado previamente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, apoyaba a Los Choneros, organización que Washington califica como narco-terrorista. Según SOUTHCOM, la operación desmanteló «un nodo clave en la cadena logística» de los traficantes.
«La operación de hoy es un ejemplo contundente del poder de la Coalición Contra Cárteles de las Américas para desmantelar las tácticas y capacidades narco-terroristas sofisticadas y clandestinas que han permitido el tráfico de drogas peligrosas destinadas a comunidades estadounidenses», declaró Donovan. El general agregó que la fuerza conjunta «fracturó una arteria principal de esta cadena logística ilícita» y envió «un mensaje inequívoco a los narco-terroristas de toda la región».
El episodio se produjo en paralelo a otra línea de trabajo: Ecuador y Colombia analizan, junto con Washington, la creación de una base binacional en la frontera compartida para incrementar la presión militar sobre las organizaciones vinculadas al narcotráfico. Las conversaciones avanzaron durante una reunión de altos mandos en San Lorenzo, provincia ecuatoriana de Esmeraldas, con la presencia del comandante del SOUTHCOM.
Donovan describió la frontera entre Colombia y Ecuador como «un punto de estrangulamiento geográfico que los cárteles violentos han explotado durante mucho tiempo». La discusión incluyó encuentros con el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, su par colombiano, Jorge Eduardo Mora, y autoridades militares de los tres países, primero en Tumaco (Nariño) y luego en San Lorenzo.
El proyecto de la base binacional aún está en evaluación. Hasta el viernes 28 de agosto, los gobiernos no habían definido la ubicación de la instalación, las fuerzas que la ocuparán, su estructura de mando ni una fecha de inicio de operaciones. Según el Ministerio de Defensa de Colombia, uno de los objetivos centrales es articular y gestionar esa base para reforzar la respuesta ante amenazas en la zona fronteriza.
En San Lorenzo, los altos mandos acordaron además fortalecer el intercambio de inteligencia, coordinar operaciones e identificar objetivos para perseguir a los líderes de las organizaciones narcotraficantes, debilitar sus estructuras logísticas y evitar que mantengan zonas de refugio. La franja fronteriza entre Ecuador y Colombia concentra buena parte de la cocaína que sale hacia mercados internacionales por rutas del Pacífico, lo que explica la prioridad que Quito le asigna en su agenda de seguridad.
El dato importa más que el ruido: una embarcación menos en la cadena logística no equivale a un cartel desarticulado, pero sí confirma que la cooperación militar bilateral tiene resultados verificables, algo poco frecuente en la lucha antidrogas regional. Conviene mirar los incentivos: para Ecuador, mostrar capacidad de control territorial es condición para atraer inversión y recuperar la confianza que el narcotráfico erosionó en sus puertos y su franja costera; para Washington, la Coalición Contra Cárteles de las Américas es la vitrina de una política exterior que prioriza resultados frente a declaraciones.
La base binacional, si se concreta, sería el paso que transforme operaciones puntuales en presión sostenida sobre el corredor Colombia-Ecuador. Hasta entonces, el hundimiento de una nave de reabastecimiento es un golpe táctico, no estratégico. La historia sugiere cautela: los cárteles reconstruyen rutas con rapidez cuando la presión no es constante ni institucionalizada.
